Crisis política en Colombia

EL EMPERADOR ESTA DESNUDO

A pesar de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, las denuncias por vínculos con grupos armados y el narcotráfico de una buena parte de sus funcionarios, han develado la responsabilidad del gobierno colombiano en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con casi 4 millones de desplazados, detenciones masivas, asesinatos selectivos y políticas terroristas apoyadas por los Estados Unidos.

Desde Colombia escribe Tomás Astelarra

Lo que para muchos en Colombia era más que un rumor (ver recuadro), comenzó a ser inocultable para los medios y la sociedad en general, luego de una seguidilla de denuncias que evidenciaron la infiltración en todas las esferas del gobierno del presidente Uribe de estos grupos armados asociados al narcotráfico, y la peor escalada de crímenes y abusos a los derechos humanos en la historia del país.

Los escándalos comenzaron a fines del 2005 con las acusaciones de Rafael García, jefe de informática del DAS. El organismo de seguridad colombiano habría facilitado a los paramilitares la lista de varios dirigentes sociales asesinados, entre ellos, dos sindicalistas de la multinacional del carbón Drummond. Además habló de fraudes electorales a favor del gobierno, una presunta conspiración para matar al presidente venezolano Hugo Chávez, y hasta llamadas a funcionarios para que pusieran a disposición del jefe paramilitar Jorge 40 la camioneta presidencial.

Tras unas elecciones legislativas que le dieron 2/3 del congreso, con denuncias de paramilitares apoyándolo en sus listas o a través de amenazas a la población, Uribe consiguió la reelección en medio de altos índices de abstención (54,89%), el batacazo electoral de la izquierda aglutinada en el Polo Democrático (22%) y bombas atribuidas por el gobierno a las FARC.

Poco después, el general Mario Montoya confesó que las bombas habían sido detonadas por el mismo ejército, pero el mayor escándalo llegó cuando varios congresistas del Polo Democrático presentaron las pruebas encontradas en el llamado “computador de Jorge 40” sobre las relaciones entre varios legisladores y los grupos paramilitares. Ocho parlamentarios han sido detenidos, entre ellos el senador Alvaro Araujo, hermano de la ex canciller María Consuelo Araujo, que tuvo que renunciar a su cargo (su padre esta prófugo). La justicia también ha pedido la captura del gobernador de Magdalena, Trino Luna.

El líder paramilitar Salvatore Mancuso confesó haber ordenado el asesinato selectivo de 336 dirigentes sociales, además de masacres y secuestros masivos, para los cuales contó con la colaboración de la policía de la región (a quien pagaba 400.000 dólares al mes), la Fuerza Aérea Colombiana (que le facilitó dos aviones para la llamada masacre de Mapiripán), además de 32 personas entre congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y funcionarios públicos (todos uribistas), con los que en el 2002 firmó, junto a otros jefes paramilitares, un pacto a cambio de votos.

Historia y cifras de la barbarie

A pesar de la creencia común en el mundo de que estos grupos (llamados de autofedensa) surgieron como una respuesta de algunos terratenientes a los abusos de la guerrilla colombiana, la realidad muestra otras explicaciones.

“El paramilitarismo ha tenido varios orígenes, pero tuvo su mayor impulso cuando el gobierno de los Estados Unidos determinó romper la revolución sandinista de Nicaragua con grupos armados que se financiaron por medio de la cocaína colombiana, lo que fue el escándalo Iran-Contras. Ahí el narcotráfico entendió que si se dedicaba a matar comunistas tendría un cierto aval”, hace historia Gustavo Petro, el senador del PD que encabeza las denuncias en el Congreso.

En los ochentas los paramilitares se dedicaron a desbaratar al partido Unión Patriótica (asesinando 4.000 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales y su principal líder, Carlos Pizarro). La AFL-CIO (Federación Estadounidense de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales) estima que entre 1986 y el 2002 asesinaron 4.000 sindicalistas, 72 en el año 2003, 99 en 2004, 70 en 2005 y 71 en 2006, en un informe enviado al congreso de los Estados Unidos para cuestionar las firma del TLC y el Plan Colombia.

“En las últimas dos décadas, el control paramilitar se ha ido ampliando de estructuras locales, a la policía, el ejército y el poder político nacional, apoyado por los dueños del país, que vieron con buenos ojos esta alianza, para exterminar a sus enemigos: los movimientos sociales, y mejorar la tecnología de impunidad en la justicia. Hoy ya se devoró al estado, controla el congreso y puede sacar leyes”, aclara Petro. La alianza sería responsable de los que la gran mayoría de las organizaciones de derechos humanas ya reconocen como una de las catástrofes humanitarias más grandes del mundo.

Según las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno de Uribe, 8 personas fueron asesinadas y 5 detenidas arbitrariamente. El total de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile. Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas determinó que el 62% de los casos habría sido responsabilidad del estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares, y 12% por acción directa de sus funcionarios. Según la Fiscalía General de la Nación se han hallado 500 fosas comunes de las 4 mil que los paramilitares habrían cavado en 29 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Con los más de un millón de personas huyendo de sus tierras a causa de la violencia durante el mandato de Uribe, el país se ha convertido en el segundo con mayor número de desplazados después de Sudán. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Cohdes) habla de 3,7 millones de refugiados internos y ACNUR estima en 25 millones los refugiados en otros países.

“La situación de los desplazados es crítica, porque la mayoría eran campesinos, indígenas, afrodescendientes, que tenían un vínculo con la tierra, una economía de subsistencia, pero con cultura, pertenencia social. Ahora viven en las ciudades, en condiciones de desarraigo, con una tendencia muy fuerte a convertirse en población indigente”, afirma Marco Romero, director de Cohdes, que junto con la mayoría de las organizaciones de derechos humanos acusa al gobierno de falta de políticas públicas y estadísticas certeras (la agencia presidencial de ayuda humanitaria estima los desplazados en 1,9 millones y el Censo del 2005 registró apenas 700.000). Por su parte la Corte Constitucional ha fallado en contra del gobierno por la violación sistemática de los derechos de los desplazados.

Los más injusto es que sus victimarios, los paramilitares desmovilizados por la Ley de Justicia y Paz que promulgó Uribe, reciben mayores beneficios del gobierno. Según la Procuradoría General de la Nación, el presupuesto por persona para estos últimos es casi once veces mayor al de los desplazados.

“A los desmovilizados les dan dos salarios mínimos, se les permite presentar proyectos para estudiar, trabajar, y hasta obtener créditos para microemprendimientos. En cambio a las víctimas les dan durante tres meses un mercado y ya pare de contar”, se queja Camilo González Perafán de la Fundación Indepaz.

Sin paz ni justicia

Si en algo están también de acuerdo todas las organizaciones de derechos humanos es que la ley (en las que están incluidos tanto Jorge 40 como Salvatore Mancuso, y hasta parientes del presidente) no tiene nada de justicia ni de paz.

“En Colombia el paramilitarismo no se ha reintegrado a la vida pública sino que ha seguido actuando a favor de las multinacionales y el terrorismo de estado en Colombia. El gobierno dice que son 31.000 paramilitares que regresaron a la vida civil (que es mentira) y que de esos hay una lista de 2.800 que van a judicializar. Pero de esos hay 59 presos solamente”, cuenta Edgar Paez, director de Sinaltrainal. “Quedan los que tenían prontuarios grandes o intereses con el narcotráfico, porque el proceso les permite evitar la extradición o pedir una pena alternativa”, agrega Romero. “La guerra sigue igual. Solo se está desmontando el aparato militar, y no se toca ni el económico, ni el político. No se ha ahondado en quien les dio apoyo económico, quien los está protegiendo por medio de leyes, quien los está representando en el gobierno”, se queja González Perafán.

Por su parte Mancuso (que ya había sostenido el año pasado que 30% del Congreso al menos era paramilitar), aseguró que los grupos que se están volviendo a organizar ya tienen más de 5.000 combatientes en sus filas.

Su bloque (el Catacumbo) es el único que ha entregado tierras al desmovilizarse. “De las 105 fincas entregadas solo una ha sido reclamada, y el campesino tuvo que pagar las cuentas de servicios públicos que los paramilitares le dejaron”, cuenta Gearóid Ó Loingsigh, investigador y periodista irlandés. Según la Contraloría General el número de hectáreas abandonadas por los desplazados es de 2,6 millones, mientras que para Acción Social son 6,8 millones. En marzo del año pasado el subgerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Omar Quessep, tuvo que ser destituido por su vinculación a la legalización de tierras en manos de paramilitares.

Pero lo más grave son los datos que manejan Indepaz o Loingsigh, según los cuales el gobierno estaría financiado junto a agencias de cooperación internacional (entre ellas USAID) proyectos productivos de palma africana (usada para hacer biodiesel) para desmovilizados en tierras de jefes paramilitares. Todo al calor del trópico, a la vista de la sociedad colombiana y los medios nacionales e internacionales, que insisten, en que el emperador Uribe está vestido.

Los desplazados del gobierno.

Además de las múltiples denuncias de colaboración entre fuerzas paramilitares y del ejército en las masacres contra poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, el gobierno ha sido acusado de generar desplazamiento a través de detenciones masivas a la población civil.

“El presidente Uribe ha decidido vincular cerca de un 1,5 millón de personas a lo que llama la red de informantes, que nadie sabe como opera, que no tiene control civil y que proporciona informaciones a las fuerzas armadas y la fiscalía que se han utilizado para hacer detenciones masivas de personas acusadas de colaborar con la guerrilla. Los estudios de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos han demostrado que más del 95% de los casos han sido fallidos. Pero estas detenciones arbitrarias hacen que mucha gente sea estigmatizada en las regiones, y la gran mayoría son desplazados o asesinados”, cuenta Romero.

En el 2003 en la población cafetera de Quinchía fueron capturadas 117 personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla. Entre los detenidos estaban el alcalde en ejercicio, el alcalde electo, concejales, comerciantes, campesinos, el tonto del pueblo, y hasta un anciano de 76 años, ciego de nacimiento, sindicado como jefe de explosivos de la guerrilla.

Más claro échale agua.

Más allá de los escándalos, la historia no oficial de Uribe muestra que no se necesitaba del computador de Jorge 40 para descubrir sus lazos con en narcoparamilitarismo.

En su libro “Los Jinetes de la Cocaína”, el periodista Fabio Castillo cuenta como Mancuso y los hermanos Castaño, integrantes del grupo Los Pepes, vinculado al Cartel de Medellín, y luego líderes de los principales grupos paramilitares, eran vecinos de finca de Alberto Uribe Sierra, un reconocido colaborador de Pablo Escobar, quién habría incidido en la designación de su hijo, Álvaro, como director de Aerocivil, la compañía aérea estatal que se encargó de aumentar el flujo de drogas del cartel a Estados Unidos. En al año 2001, un informe confidencial de la DEA, ubicó a Álvaro Uribe en el renglón 82 de la lista de los 100 más grandes narcotraficantes del mundo.

Su hermano Santiago Uribe Vélez, coordinaba las acciones del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, que tenían su sede en la finca “La Carolina”, también propiedad de Álvaro. Sus primos Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, comandaban “Los Erre”.

Cuando fue gobernador de Antioquia, Álvaro creo, con financiamiento de los Estados Unidos, las cooperativas de seguridad Convivir, asociadas a la mayor escalada de crímenes paramilitares en la región.

Historias que también pueden encontrarse en el libro del exiliado periodista colombiano, Fernando Garavito y el corresponsal de Newsweek, Joseph Contreras, “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las Sombras)”, o en “Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”, del periodista y colaborador de www.rebelion.org, Hernando Calvo Ospina.

¿Libertad de Prensa?

El director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Eduardo Márquez, mandó un mensaje desesperado: “Estoy reclamando solidaridad internacional por la situación de la libertad de prensa en Colombia. Es una locura lo que pasa acá”.

Mientras estaba reportando el quinto asesinato de un periodista en lo que va del año en el país, Márquez recibió la llamada de un colega de Montería: un hombre armado estaba intentando entrar a la casa para matarlo (llamó a la policía, que se negó a ir). Diez minutos después, otro colega llamó de Santa Marta, para avisar que el director de Radio Galeón había tenido que huir de la ciudad tras ser amenazado por el grupo paramilitar “Águilas Negras”. Un par de horas después llegó el informe de amenazas a cuatro periodistas del departamento de Sucre.

“La situación es alarmante, el gobierno ha dicho que la seguridad de los periodistas ha aumentado, y no es cierto, bajaron los índices de asesinatos, pero vemos que es más bien como producto de la autocensura”, aclara Márquez.

“Si hoy no están matando periodistas en Colombia es porque los periodistas han dejado de decir la verdad y esto tiene una consecuencia directa sobre la democracia, que es una democracia mal informada, con hechos de corrupción que son tratados a medias”, aclara Hollman Morris, director del programa Contravía, para quien los hechos de corrupción que revela la prensa son apenas la punta del iceberg de la realidad colombiana.

“Los grupos armados han empezado a influenciar las estructuras, las alcaldías, gobernaciones, y eso hace que las dinámicas cambien. A veces no se trata que venga un tipo con un fusil, sino que un funcionario te llame a su oficina y te diga: si sigue con esas noticias va a tener problemas con nosotros. Eso es todo. No hay revolver, pero tu sabes quien está detrás de ese funcionario”, explica Carlos Cortés Castillo, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Además hay numerosas obstrucciones al trabajo periodístico. Recientemente hemos denunciado varios casos de ataques del ESMAD (el escuadrón antimotines de la policía) contra los medios comunitarios”, se queja.

El caso más flagrante fue el de La María, Cauca, donde una asamblea indígena estaba reunida para adoptar políticas contra el TLC y la reelección de Uribe. El ESMAD reprimió arrojando gases lacrimógenos desde helicópteros, atacando mujeres y niños, y destruyendo los equipos de las radios comunitarias indígenas que a través de sus transmisiones estaban desmintiendo la versión de los medios oficiales sobre una supuesta infiltración guerrillera.

El único diario de circulación nacional, El Tiempo, tiene a tres de sus socios en la primera plana del gobierno: el vicepresidente Francisco Santos, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Juan Lozano. Los dos canales principales de televisión, Caracol y RCN, son propiedad de las familias Santo Domingo y Ardila Lule, propietarias hasta hace poco de las principales empresas del país (ahora en manos de multinacionales).

Lo indígenas no son los únicos a quien los medios y el gobierno acusan de terroristas.

“Ha habido una serie de señalamientos por parte de Uribe a la prensa, especialmente aquellos medios y periodistas que han denunciado hechos de corrupción bastante graves”, cuenta Morris, uno de los señalados, además de congresistas como Petro o la liberal Piedad Córdoba, y numerosas organizaciones de derechos humanos.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en las agresiones a las personas que promueven el respeto de las libertades individuales con 217 agresiones en el 2006. Reporteros Sin Fronteras denunció las amenazas a 19 asociaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellas la FLIP. En noviembre, el corresponsal de Telesur, Freddy Muñoz, fue arrestado por “rebelión y terrorismo”.