WORKING CLASS HERO

El aroma es irresistible, lleva a un pasillo largo, cubierto por enormes máquinas que no paran de escupir palitos delgados de no más de quince centímetros de extensión. Hacen fila, no saben, o tal vez lo perciban dentro de las cajas con forma de dado, que serán devorados, entre mates y risas, por viejas curiosas o niños que juegan a ser fumadores empedernidos.
La escalera lleva a una oficina, colgado, en una de las paredes, un cuadro de San Cayetano parece haber marcado el inevitable destino de la fábrica. Los dos escritorios están repletos de papeles que exigen más pedidos. “Por suerte no damos abasto”, dice María Pino, administradora desde hace cinco años de la cooperativa de trabajo La Nueva Esperanza (ex Grissinópoli).

Por Agustín Zeoli y Juan Pablo Manente

La noche del 3 de junio de 2002, los obreros no durmieron en casa. Nada importaba, había que luchar, resistir semejante monstruo. La primera semana fue dura. Siete días en que los trabajadores permanecieron encerrados sin regresar a sus hogares. Pero no estaban solos. Vecinos del barrio acudieron en su ayuda proveyéndolos de comida y ropa. Incluso, algunos se quedaron con ellos adentro de la fábrica, como si aquella crisis que sumergía al país en la más honda de las desesperanzas se hubiera hecho añicos contra la pared de la solidaridad.
Mientras las agujas recorrían impacientes el cuadrante del reloj, decenas de cooperativas y asambleas barriales acudieron en apoyo de los trabajadores. No obstante, había una organización que sería clave en el proceso de recuperación: el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que aconsejó formar la cooperativa.
El abogado Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento, explicó que lo que más costó fue que los obreros lograran comprender que podían trabajar sin depender de nadie más que de ellos mismos. “Los trabajadores, luego de haber servido por años a los empresarios, comenzaban una nueva etapa que se debía manejar con una lógica económica distinta a la anterior. Y es por eso que al principio esto se hizo difícil. El método actual nos dice que para comenzar un proceso económico se debe tener capital, luego invertir, producir, vender, pagar los impuestos, materias primas, costear los altos sueldos gerenciales y, de lo que queda, solventar los salarios de los obreros. Si no alcanza, entonces comienza la etapa de reducción del salario, suspensiones y cierre de la empresa”, sostuvo Caro.
Nadie hubiera imaginado lo que ocurrió transcurridos los dos primeros años de gestión de la cooperativa. Desde su conformación, la producción de grisines se incrementó en un 200%. Se amplió, a su vez, la oferta de productos y se ganaron nuevos proveedores. El crecimiento también se produjo en un aumento de la masa operaria: el renacer de la grisinera permitió incorporar nuevos trabajadores.
Grissinópoli S.A. data de principios de los años 60. Ubicada en el barrio de Chacarita, se especializó en grisines y malteados que vendía a confiterías y restaurantes, especialmente, de la ciudad de Buenos Aires. Llegó a ser una de las fábricas más importantes del país. En octubre de 2001, sobrevino el principio del fin, la compañía dejo de pagar los sueldos a sus empleados, y comenzó a entregar vales. “Ya en ese momento la empresa estaba en convocatoria de acreedores. Nosotros la veíamos venir, la cosa no andaba bien, pero no manejábamos mucha información”, comentó Norma Pinto, amasadora con más de quince años de experiencia.
Mientras continuaba la toma de Grissinópoli, los obreros decidieron golpear las puertas de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, el jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra. Después de varios intentos, en una sesión de fines de noviembre de 2002, se otorgó el permiso para que los trabajadores puedan explotar la fábrica por un período de dos años.
En diciembre de 2002, mes en que la mayoría de los medios se deleitaban con la posibilidad de nuevos saqueos, se realizó la inauguración oficial de la cooperativa. “La verdad que cuando recién empezamos, en enero y febrero, no produjimos nada. El problema era que muchos clientes se habían ido e incluso algunos firmaron contratos de exclusividad con la competencia. Pero en marzo de 2003, la Asamblea de Palermo se acercó y nos prestó dos mil pesos, con eso compramos materia prima e hicimos una horneada de grisines. Se vendieron todos, y así se construyó un engranaje que de a poco empezó a moverse”, manifestó Pino.
En medio de la lucha, se deslizaba entre cables y cámaras, el director cinematográfico Darío Doria. Al enterarse de la protesta, Doria, que ya tenía experiencia en el asunto, decidió filmar un documental. Grissinópoli, el país de los grisines, narra la ocupación de la fábrica y la experiencia de autogestión emprendida por los obreros.

La cooperativa por dentro y los nudos legales

En La Nueva Esperanza, tanto la parte administrativa como la obrera ganan el mismo salario. Una vez los números sobre la mesa, estos se reparten en partes iguales, no hay diferencias. Es un pequeño mundo que vive a años luz de la picadora de carne del mercado. No se aceptan gerenciamientos externos, sólo el realizado por los trabajadores. Las decisiones se generan en asambleas y el Consejo de Administración es el órgano ejecutor de las medidas que se toman en ellas. Además, la asamblea tiene el poder de revocar el mandato conferido al Consejo de Administración, en cualquier momento puede renovar las autoridades.
Como se sabe, tampoco existe el costo empresarial, que son los altos sueldos gerenciales (más de diez veces el del obrero de planta). La parte que antes se destinaba a los empresarios, los trabajadores la convirtieron en inversión, sólo ellos pueden exponerse a no cobrar un peso en una primera etapa de producción.
El 10 de octubre de 2002, a través de la ley 910, se declaró el uso provisorio por dos años de la cooperativa La Nueva Esperanza. Para ese momento, los sueños de decenas de obreros, que algunos creyeron utópicos, comenzaron a tomar forma. El 25 de noviembre de 2004, y después de dos años de una producción favorable a los trabajadores, la Legislatura aprobó la ley 1.529 en la que se cedió definitivamente la fábrica a los obreros.
No obstante, en 2001, los antiguos dueños habían llevado a la compañía a concurso preventivo, y se presentó un inversor, que compró activos en el curso de la convocatoria, haciendo uso de la figura legal del cramdown (desplazamiento de los acreedores por parte de un comprador). Pero como el Gobierno había decidido otorgar la explotación de la fábrica a los obreros, el cramdownista inició acciones legales, e instó al Estado a pagar una indemnización de un millón y medio de pesos. Situación que hasta el momento no ha sido resuelta.
Cuando se discutió en la Legislatura la aprobación de la ley que permitía el uso parcial de la fábrica a los trabajadores, el bloque radical no bajó a votar. Los motivos de esta oposición se hicieron públicos: "La UCR se opone al proyecto de ocupación transitoria de Grissinópoli porque considera que la firma está en etapa de concurso preventivo, sus dueños están realizando este trámite, y además hay otros acreedores que pretenden las acciones de la empresa ", declararon al diario Ámbito Financiero fuentes del sector radical. Fue este argumento el que expusieron los bloques derechistas que luego cuestionaron abiertamente el proyecto en el curso de la reunión.
A medida que pasaba el tiempo (siete meses duró en total la ocupación) la sensación de creer que en cualquier instante podría ocurrir lo peor era desesperante. Sin embargo, ante la adversidad, la resistencia obrera se hizo más fuerte y no cedió en ningún momento. Y, aún hoy, continúa en la misma dirección.