INVESTIGACIÓN/ el verdadero Plan Colombia

El negocio del oro verde

El biodiésel o la conservación de la biodiversidad son algunas de las soluciones de los detractores del modelo petrolero de George Bush en Estados Unidos y Europa. Pero como en todas las soluciones que surgen de ese rincón del planeta, también hay dividendos para los gobiernos, las ongs y las multinacionales que apuesten por ella; en un negocio que en Colombia, en complicidad con el gobierno de Álvaro Uribe y los grupos paramilitares, ha generado altos índices de bioviolencia.

Desde Colombia, escribe Tomás Astelarra

El planeta está en peligro, y los demócratas encabezados por el ex vicepresidente Al Gore han puesto sobre la mesa en Estados Unidos el debate sobre el uso del petróleo (fomentado por el gobierno de George Bush) frente a otras fuentes de energía, como el biodiésel.
Además de la soya (que cubre casi toda la Argentina), y la caña de azúcar -que como cuenta Eduardo Galeano sólo para endulzar ya desertificó Haití y el norte de Brasil, además de la región del Valle del Cauca-, una de las más importantes fuentes de biodiésel es la palma africana, cuyo aceite también sirve para usos industriales (como freir las papas fritas de Kraft o Pepsi Co Snacks). El principal exportador de éste producto en Latinoamérica (y el cuarto en el mundo) es Colombia, donde la planta tropical de origen guineano comenzó a ser explotada en 1945 por la United Fruit Company como actividad complementaria a la producción bananera. A mediados de la década del 60, existían 18.000 ha sembradas, que crecieron a 150.000 ha en la actualidad y que según los planes del gobierno de Álvaro Uribe (que promociona este producto milagroso como sustituto de las devaluadas exportaciones de café, banana o caucho) podrían ampliarse a 3,5 millones en cinco años.
“En Colombia hay 4 millones ha de producción agrícola. Si al cultivo de palma africana que planea el gobierno le sumamos el caucho, el cacao, los frutos secos, y otros productos de exportación. ¿Qué van a comer en este país?”, se pregunta el investigador irlandés Gearóid Ó Loingsigh. “Desplazar la producción de alimentos básicos o tumbar selva. Yo creo que va a ser una combinación de las dos”, se responde inmediatamente. Y Germán Vélez, director de la Fundación Semillas, agrega: “Colombia pasó de ser exportador a importador neto de alimentos. Estamos importando más de 8 millones de toneladas de maíz, sorgo, arroz, frijol, papa y plátano”.
Pero ese no es el único problema de los megaproyectos de palma africana. Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), estos cultivos han generado grandes impactos ambientales derivados de las obras de infraestructura, cambios en el uso del suelo y la tala de bosque, que ha originado, además, explotaciones ilegales de madera. “Son monocultivos que tienen impacto sobre la biodiversidad, alteran los ciclos biológicos del suelo, el agua; y como es altamente intensivo en insumos, requiere aplicaciones muy fuertes de agroquímicos, que son un fuerte golpe para los ecosistemas frágiles, como lo es la selva tropical, donde la única forma de agricultura sostenible –y típica en las comunidades negras- es la de policultivos”, aclara Vélez.
Y son justamente las comunidades negras el otro problema de (o para) los megaproyectos de palma africana: “En los territorios donde se dan estos cultivos, como el Chocó o el Urabá, hay asentamientos de afrodescendientes o indígenas. Cualquiera que quiera decir ‘esta tierra es mía’, es desplazado. Te vas o en el mejor de los casos vendes barato. Existe una famosa multinacional que se llama Urapalma que ha sido uno de los grandes financiadoras de los paramilitares, cuya función es crear terror, y matar a los líderes sociales que se opongan a estos proyectos”, explica Leonardo González Perafán de la Fundación Indepaz. “Alrededor de estos proyectos (que beneficiarán a multinacionales como Unilever) está el problema del Plan Colombia y de la paramilitarización del país”, aclara Edgard Paez, director de Sinaltrainal.
Según el Incoder, el 93% de los campos de palma africana de la empresa Urapalma están ubicados en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Para la Comision Intereclesial de Justicia y Paz, durante el gobierno de Uribe, se han cometido contra los pobladores 106 asesinatos y desapariciones, 13 desplazamientos, 19 saqueos y quemas de caseríos y 15 torturas, de los cuales “no existe una sola investigación abierta a pesar de que los acusados están identificados e individualizados”.

El Plan Colombia europeo
“Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica donde la Unión Europea tiene una estrategia de su ayuda externa, o ‘ayuda al desarrollo’, como a ellos le gusta decir. Y esa asistencia tiene la forma de los Laboratorios de Paz, que poseen todo un bagaje ideológico y práctico.”, explica O´ Loingsigh.
Ésto último no es casual: “Europa es el mayor inversionista en Colombia, compite con los norteamericanos y hasta el momento gana la batalla: los recursos naturales están pasando a manos europeas como Suez, Aguas de Barcelona, Repsol y Telefónica. Europa ya consume más de la mitad del aceite de palma colombiano; y hay un acuerdo para duplicar la producción de cacao para el 2015 en donde se otorgarán préstamos a los campesinos -que luego devolverán con altos intereses- para que puedan exportar al viejo continente. Lo que sucede es que subvencionan indirectamente a empresas (como la suiza Nestle) con el objeto de que tengan materia prima más barata”, se queja el experto, que además detalla el mecanismo de exportación de las multinacionales: “Los campesinos reciben apenas el 6% de todos los créditos agrícolas que da el gobierno y, por supuesto, ninguno de exportación. Éstos créditos se los queda Nestle Colombia, que exporta café a Suiza, lo tuesta y lo manda para otro lado”, argumenta el experto
A pesar de ser más solapada, la estrategia de los gobiernos europeos no es diferente a la que intenta llevar adelante Estados Unidos con el Plan Colombia. “Si miramos los proyectos de la UE vemos que hay una continuidad entre éste plan y los Laboratorios de Paz. Se apuesta a un modelo de desarrollo agrícola idéntico, promocionando los mismos monocultivos, en las mismas zonas, utilizando las mismas agencias de cooperación: el Banco Mundial y Usaid”, aclara O´Loingsigh.

Conservando el medio ambiente (para después explotarlo tranquilamente)
Las organizaciones de conservación internacional y los estados desarrollados también tienen su bionegocio (relacionado con la bioviolencia): “Hay ongs que cuidando la biodiversidad y el medio ambiente viven de la venta de la soberanía nacional. El Banco Mundial señala que para preservar aquel hay que impulsar no sólo el ecoturismo, sino también el mercadeo de recursos genéticos y la biodiversidad agrícola, y el agua, por supuesto. Dentro de este esquema uno encuentra el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que inicialmente abarcaba centroamérica, pero que en los mismos documentos del organismo se extendió al Choco Biogeográfico, que llega al norte de Perú. Ese proyecto está manejado por Conservación Internacional, una transnacional que recibe recursos de Monsanto, Mc Donalds, Coca Cola, que embotella agua, y que conserva un buen historial en el mundo de violación de los mismos derechos humanos promulgados por la Naciones Unidas. Y lo digo en el sentido de que son socios en los negocios a nivel mundial: Coca Cola y Naciones Unidas”, denuncia Humberto Motta, que acude bastante agitado a la entrevista, en un café de Bogotá, después de haber chequeado vía telefónica con Popayán nuestras referencias.
Motta es antropólogo, pero se dedicó a la poesía, actividad que tuvo que abandonar para escribir “Gramática de la Barbarie” y “La biodiversidad es la cabalgadura de la muerte”, donde detalla la vinculación entre las matanzas paramilitares en contra de pueblos originarios de la región del Naya y el Urabá (en el sur y norte del chocó biogeográfico).
“Todos nos sentimos amenazados”, comenta antes de comenzar a relatar una de las mayores afrentas contra la soberanía de los recursos ambientales colombianos: “El gobierno ya ha firmado con los Estados Unidos y Canadá el canje de deuda externa por naturaleza. Son unas 4 millones de hectáreas con recursos estratégicos en el páramo de Sumapaz, la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque nacional Tuparro, en el Vichada (donde se concentran los megaproyectos de caucho y palma africana)”.
La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra a orillas del mar caribe. Desde la costa (donde está el Parque Natural Tayrona, en cuyas aguas Exxon Mobil planea explotar petróleo) hasta el pico Bolívar, se pueden encontrar muestras de todos los ecosistemas del planeta. La montaña, con corazón de cuarzo, es tierra ancestral de los indígenas coguis, arhuacos y kankuamos, que han sufrido numerosas matanzas por parte de paramilitares en acciones que ya han sido calificadas de “etnocidio” por la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia. En total son 260 indígenas kankuamos los que han sido asesinados en los últimos años.

Leyes a medida
Entre las numerosas acusaciones que se levantan contra el gobierno de Álvaro Uribe está la de haber desmontado todo el aparato de control estatal sobre el medio ambiente. “Lo que ha pasado en el Ministerio de Ambiente es una vergüenza. Este organismo llevaba unos quince años intentando articular y fortalecer una política ambiental nacional coherente, y de la noche a la mañana se desmanteló completamente, pasó a ser una oficina de tercera categoría donde solo se legitimiza la ilegalidad de toda esta privatización de los recursos, haciendo que las licencias ambientales sean más fáciles y rápida”, se queja Vélez.
La revolución legislativa de Uribe incluye desde la aprobación de semillas transgénicas al permiso para barcos extranjeros de descargar en territorio colombiano desechos tóxicos, y una Ley de Minería que convirtió a Colombia en el único país del mundo en permitir la explotación urbana. La ley dio el control ambiental a las multinacionales, que no pueden ser demandados por ciudadanos comunes. También penalizó la pequeña minería (que hasta hace poco representaba el 80% de la producción de oro del país). Todo en un contrato de regalía fija para el período de explotación, con exención de impuestos nacionales y departamentales, que las multinacionales pueden dar por cancelado, pero el gobierno no. La Ley de Bosques no cedió a las megaempresas el producto del suelo en las zonas madereras, pero si el “espacio aéreo” sobre él (es decir los bosques).La reforma agraria ha recibido denuncias de numerosas organizaciones de derechos humanos por ser lisa y llanamente un método de traspaso de los territorios de los desplazados -ahora en mano de paramilitares- a las grandes multinacionales.