TERRENOS VIP
Por Juan Manuel Giraldez
En Costanera Norte, existen comercios que infringen principios jurídicos y constitucionales. Atentan contra la naturaleza que alguna vez existió en la zona. Predomina su rentabilidad ante el patrimonio de Buenos Aires. Sin embargo el Gobierno de la Ciudad no ofrece soluciones.
La orilla del río de la Plata se encuentra invadida por grupos de chicos que juegan y se salpican entre sí. Sus padres los observan mientras almuerzan y disfrutan un domingo al aire libre. La escena pareciera formar parte de una fantasía. Hoy cuesta pensar que hubo una época –hasta fines de la década del 60- en la que muchas familias de Buenos Aires acampaban en la costa y se bañaban en el río. La contaminación y las sucesivas construcciones de comercios hicieron imposible que se prolongaran aquellos tiempos. No obstante, esos rellenos de cemento jamás debieron realizarse. Rodizio es uno de los casos más significativos.
El restaurante, ubicado en la Avenida Rafael Obligado y La Pampa, funciona ilegalmente desde su construcción en 1991. Este comercio, situado en el predio ex Coconor, se encuentra edificado en un terreno que forma parte del distrito Urbanización Parque (UP) establecido en el Código de Planeamiento Urbano. En él se estipula que en la zonificación UP no se pueden realizar construcciones con fines comerciales, ya que es de dominio público y está destinada al uso de espacios verdes de acceso libre y gratuito. También se resalta que el gobierno de la Ciudad solo puede autorizar obras de exclusividad pública que no alteren el carácter de este distrito. Sin embargo, Rodizio ignoró completamente este Código.
Las parcelas que hoy ocupa el predio ex Coconor, son concesiones otorgadas por el ex intendente de la Ciudad Carlos Grosso a Coconor S.A. Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) en 1989. Por su parte, la entidad entregó distintos sectores del terreno a varias compañías, entre las cuales se encontraba Maillol S.A., que en 1991 impulsó la construcción de Rodizio. Esta situación se mantuvo hasta 1998, cuando el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Fernando De la Rúa, canceló el permiso de explotación del predio. El decreto Nº 786 estableció que Coconor S.A. U.T.E. había destinado tierras del predio a subconcesiones ajenas a su objeto. Además puntualizó que tanto el uso para el cual se adjudicó la concesión, como el entorno paisajístico de la zona, se encontraban desvirtuados ya que se convirtió un paseo costanero en un área urbana.
Si bien a partir de la sanción de este decreto se demolieron las instalaciones del predio, Rodizio continuó en el mismo lugar. Luego de que la concesión otorgada a Coconor S.A. U.T.E cesó, el restaurante siguió exhibiendo el permiso entregado por esta misma empresa. Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo que denunció la extraterritorialidad del comercio, explicitó esta contradicción: “En 2004 el restaurante tenía la habilitación dada por Coconor S.A a pesar de que la empresa ya había desaparecido. Es algo absurdo. Rodizio funcionaba ilegalmente con Coconor y después de eliminado éste, continuaron en peores condiciones”.
Pero la situación todavía no había tocado fondo. En 2005, el Gobierno de la Ciudad renovó las habilitaciones de los cuatro comercios que se encuentran junto a Rodizio a través de distintos decretos. El único establecimiento que no cuenta con uno de esos decretos es el que edificó Maillol S.A. Cuando Rebvelados, intentó averiguar por la habilitación del local, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad informó que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Municipalidad era la responsable ante la situación. Sin embargo este organismo no tenía ningún dato sobre el permiso del restaurante. Por otra parte, los dueños del local prefirieron mantener el silencio. Verónica Froio, miembro del Departamento de Marketing y Comunicación de Rodizio fue consultada con respecto a la ausencia de la habilitación. Froio respondió que “ese tipo de información no podía ser brindada”, según le comunicó su jefe.
Ante la posible duda de aplicación de normas, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 8 expresa que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso. A su vez, el artículo 2639 del Código Civil especifica que deben existir 135 metros de costa de acceso público. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción. A pesar de esto, Rodizio, que abarca una superficie de 300 metros cuadrados, hoy ocupa un sector de costa de 100 metros exclusivamente propio. Guerrica Echevarría, explicó: “Uno viene caminando por la Costa y de repente se encuentra con un alambrado que no se puede pasar y ahí esta Rodizio con sus mesas afuera. Tiene una costa exclusiva para sus clientes.”
El organismo encargado de supervisar las obras en la costanera es el Área de Gestión de la Ribera (AGR). Uno de sus objetivos consiste en el incremento de zonas públicas mediante el establecimiento de espacios de acceso libre en el predio ex Coconor. Por lo tanto, el uso exclusivo y privado del restaurante contrasta con lo planteado por el AGR. Según Ezequiel Martinez, arquitecto encargado del área de Planificación y Diseño del AGR, los comercios ubicados en el predio, son compatibles estéticamente con la zona y no perturban las actividades cotidianas. Pero existe una cuestión fundamental que este arquitecto no advierte: el impacto ambiental que generan construcciones como Rodizio. La Red de la Ribera, una delegación conformada por una Comisión de Medio Ambiente y Paisajismo y distintas ONGs, reveló que al ejecutar estos rellenos en la costa, se elimina la biodiversidad natural del lugar y la zona puede volverse peligrosa porque empiezan a proliferar plagas. Incluso se reduce la capacidad de depuración de la ribera, generando una importante carga contaminante hacia el río del cual se extrae agua.
Resulta sorprendente que este diagnóstico haya sido omitido por el AGR, especialmente si se toman en cuenta los objetivos de la entidad. Más paradójico es lo de Rodizio que en su página de Internet se califica como “un lugar fascinante con un apacible entorno natural”.
Cuando uno se para frente al restaurante, la sensación es una sola. De afuera parece una mansión majestuosa. Su amplio estacionamiento privado podría confirmarlo. El lugar, iluminado detalladamente, resalta en la oscuridad de la noche, en la costa del río. Adentro todo parece brillar: sus largas mesas, las paredes con los cuadros y hasta los interminables ventanales. No hay mucha gente. Solo un grupo de ejecutivos que disfrutan de un plato que cuesta 65 pesos. Todo parece funcionar de modo perfecto. Nadie, ni el más escéptico podría sospechar que este imponente restaurante se alza sobre una ilegalidad que abarca demasiados aspectos. Ocupa un lugar que debería ser público y gratuito, como lo fue en algún momento. Tiempos lejanos, olvidados, en los que cualquiera podía recorrer un paseo costanero natural sin ninguna restricción. Hasta que un día desembarcaron los intereses privados en la ribera. Por ahora, nadie sabe hasta cuando se quedarán.
El restaurante, ubicado en la Avenida Rafael Obligado y La Pampa, funciona ilegalmente desde su construcción en 1991. Este comercio, situado en el predio ex Coconor, se encuentra edificado en un terreno que forma parte del distrito Urbanización Parque (UP) establecido en el Código de Planeamiento Urbano. En él se estipula que en la zonificación UP no se pueden realizar construcciones con fines comerciales, ya que es de dominio público y está destinada al uso de espacios verdes de acceso libre y gratuito. También se resalta que el gobierno de la Ciudad solo puede autorizar obras de exclusividad pública que no alteren el carácter de este distrito. Sin embargo, Rodizio ignoró completamente este Código.
Las parcelas que hoy ocupa el predio ex Coconor, son concesiones otorgadas por el ex intendente de la Ciudad Carlos Grosso a Coconor S.A. Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) en 1989. Por su parte, la entidad entregó distintos sectores del terreno a varias compañías, entre las cuales se encontraba Maillol S.A., que en 1991 impulsó la construcción de Rodizio. Esta situación se mantuvo hasta 1998, cuando el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Fernando De la Rúa, canceló el permiso de explotación del predio. El decreto Nº 786 estableció que Coconor S.A. U.T.E. había destinado tierras del predio a subconcesiones ajenas a su objeto. Además puntualizó que tanto el uso para el cual se adjudicó la concesión, como el entorno paisajístico de la zona, se encontraban desvirtuados ya que se convirtió un paseo costanero en un área urbana.
Si bien a partir de la sanción de este decreto se demolieron las instalaciones del predio, Rodizio continuó en el mismo lugar. Luego de que la concesión otorgada a Coconor S.A. U.T.E cesó, el restaurante siguió exhibiendo el permiso entregado por esta misma empresa. Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo que denunció la extraterritorialidad del comercio, explicitó esta contradicción: “En 2004 el restaurante tenía la habilitación dada por Coconor S.A a pesar de que la empresa ya había desaparecido. Es algo absurdo. Rodizio funcionaba ilegalmente con Coconor y después de eliminado éste, continuaron en peores condiciones”.
Pero la situación todavía no había tocado fondo. En 2005, el Gobierno de la Ciudad renovó las habilitaciones de los cuatro comercios que se encuentran junto a Rodizio a través de distintos decretos. El único establecimiento que no cuenta con uno de esos decretos es el que edificó Maillol S.A. Cuando Rebvelados, intentó averiguar por la habilitación del local, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad informó que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Municipalidad era la responsable ante la situación. Sin embargo este organismo no tenía ningún dato sobre el permiso del restaurante. Por otra parte, los dueños del local prefirieron mantener el silencio. Verónica Froio, miembro del Departamento de Marketing y Comunicación de Rodizio fue consultada con respecto a la ausencia de la habilitación. Froio respondió que “ese tipo de información no podía ser brindada”, según le comunicó su jefe.
Ante la posible duda de aplicación de normas, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 8 expresa que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso. A su vez, el artículo 2639 del Código Civil especifica que deben existir 135 metros de costa de acceso público. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción. A pesar de esto, Rodizio, que abarca una superficie de 300 metros cuadrados, hoy ocupa un sector de costa de 100 metros exclusivamente propio. Guerrica Echevarría, explicó: “Uno viene caminando por la Costa y de repente se encuentra con un alambrado que no se puede pasar y ahí esta Rodizio con sus mesas afuera. Tiene una costa exclusiva para sus clientes.”
El organismo encargado de supervisar las obras en la costanera es el Área de Gestión de la Ribera (AGR). Uno de sus objetivos consiste en el incremento de zonas públicas mediante el establecimiento de espacios de acceso libre en el predio ex Coconor. Por lo tanto, el uso exclusivo y privado del restaurante contrasta con lo planteado por el AGR. Según Ezequiel Martinez, arquitecto encargado del área de Planificación y Diseño del AGR, los comercios ubicados en el predio, son compatibles estéticamente con la zona y no perturban las actividades cotidianas. Pero existe una cuestión fundamental que este arquitecto no advierte: el impacto ambiental que generan construcciones como Rodizio. La Red de la Ribera, una delegación conformada por una Comisión de Medio Ambiente y Paisajismo y distintas ONGs, reveló que al ejecutar estos rellenos en la costa, se elimina la biodiversidad natural del lugar y la zona puede volverse peligrosa porque empiezan a proliferar plagas. Incluso se reduce la capacidad de depuración de la ribera, generando una importante carga contaminante hacia el río del cual se extrae agua.
Resulta sorprendente que este diagnóstico haya sido omitido por el AGR, especialmente si se toman en cuenta los objetivos de la entidad. Más paradójico es lo de Rodizio que en su página de Internet se califica como “un lugar fascinante con un apacible entorno natural”.
Cuando uno se para frente al restaurante, la sensación es una sola. De afuera parece una mansión majestuosa. Su amplio estacionamiento privado podría confirmarlo. El lugar, iluminado detalladamente, resalta en la oscuridad de la noche, en la costa del río. Adentro todo parece brillar: sus largas mesas, las paredes con los cuadros y hasta los interminables ventanales. No hay mucha gente. Solo un grupo de ejecutivos que disfrutan de un plato que cuesta 65 pesos. Todo parece funcionar de modo perfecto. Nadie, ni el más escéptico podría sospechar que este imponente restaurante se alza sobre una ilegalidad que abarca demasiados aspectos. Ocupa un lugar que debería ser público y gratuito, como lo fue en algún momento. Tiempos lejanos, olvidados, en los que cualquiera podía recorrer un paseo costanero natural sin ninguna restricción. Hasta que un día desembarcaron los intereses privados en la ribera. Por ahora, nadie sabe hasta cuando se quedarán.
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